downloademailfichalinklocationpdf phonepresentacionquotesearch sharevideo

Opinión

COLUMNA: La receta del malestar

Publicado por Daniela Sanchez M. en Institucionales , Noticias , Noticias destacadas , Fecha 9 abril , 2021

Por Mercedes Ducci Budge, presidenta de ComunidadMujer.

La percepción de que la sociedad induce a una maternidad que luego no respalda con apoyo real ha estado latente y es coherente con la experiencia de las mujeres. Se les negó durante mucho tiempo la posibilidad de decidir sobre su cuerpo”.

Esta semana trajo polémica por la venta de anticonceptivos con receta médica. Y no es extraño que se haya producido tanto rechazo. Los anticonceptivos han sido un factor primordial para que las mujeres podamos ejercer libremente nuestro derecho a la salud sexual y reproductiva. El poder decidir cuándo y cómo quedar embarazadas ha sido fundamental para que hayamos podido tomar el timón de nuestras vidas. Ha detonado una enorme expansión de las posibilidades de desarrollo en otras áreas.

Es sabido que un embarazo es un acontecimiento determinante. En esta pandemia, en que cada cual tiene tan poco control sobre sus circunstancias, un embarazo no deseado puede ser abrumador. Se suma la dificultad de asistir a los consultorios y está pendiente la denuncia por anticonceptivos defectuosos, que habrían resultado en 122 embarazos no deseados.

La percepción de que la sociedad induce a una maternidad que luego no respalda con apoyo real ha estado latente y es coherente con la experiencia de las mujeres. Se les negó durante mucho tiempo la posibilidad de decidir sobre su cuerpo. Incluso cuando salieron a la venta los anticonceptivos, en los años 60, se necesitaba autorización del marido para poder comprarlos. Ahora, otra figura de autoridad aparece interponiéndose sobre el derecho de las mujeres a decidir.

Si bien, en definitiva, el IPS no había emitido una disposición nueva, porque la necesidad de receta estaba establecida en el reglamento para este y otros medicamentos, normalmente en las farmacias no se exigía. Bastaba con la presencia de un/a profesional de química y farmacia para que la mujer pudiera consultar en caso de temer efectos secundarios. Pero en las ventas por internet, las farmacias comenzaron a exigir la receta, lo que evidentemente implicó un problema.

Rápidamente las voces se hicieron oír: la ministra de la Mujer y Equidad de Género solicitó una enmienda por parte del IPS para flexibilizar la necesidad de receta, la que no se hizo esperar. La sociedad científica se manifestó preocupada y un grupo de senadores elaboró rápidamente un proyecto para que, en definitiva, la venta sea sin receta.

Si bien los anticonceptivos pueden tener efectos secundarios, los que deben ser controlados, eso no debe interponerse en el acceso de la mujer a su forma elegida de contracepción.

Hoy las tasas de natalidad están bajando en muchos países del mundo. En Chile el número de nacimientos en 2021 ha sido el más bajo de los últimos 10 años. Seguramente esta tendencia tiene que ver con la situación económica e incluso con la percepción de peligro global, pero también con la falta de apoyo a la maternidad y el castigo social al progreso laboral cuando se es madre.

El desafío actual es que la corresponsabilidad se haga efectiva y que los derechos sexuales y reproductivos, derechos ligados a la igualdad y la dignidad humana, sean reconocidos y aceptados en todas, absolutamente todas, nuestras prácticas habituales.

Columna publicada en La Tercera el viernes 09 de abril de 2021.

COLUMNA: Protagonistas del cambio

Publicado por Daniela Sanchez M. en Liderazgo , Noticias , Noticias destacadas , Fecha 26 marzo , 2021

Por Alejandra Sepúlveda Peñaranda, directora ejecutiva de ComunidadMujer.

Estamos ad portas de elegir a los/as 155 que redactarán la norma más importante de todas, la nueva Constitución. Con ella sentaremos las bases de un nuevo pacto social, que debe ser legítimo, incluyente y sostenible. Por eso, para que nuestra carta fundamental sea completa y duradera, incorporar la igualdad de género es una condición indispensable”.

Son tiempos inciertos, en los que la pandemia amenaza los niveles de participación en las urnas el 10 y 11 de abril, una cita histórica que marcará un antes y un después en el destino de nuestro país y en el futuro de las mujeres.

Y es que estamos ad portas de elegir a los/as 155 que redactarán la norma más importante de todas, la nueva Constitución. Con ella sentaremos las bases de un nuevo pacto social, que debe ser legítimo, incluyente y sostenible. Por eso, para que nuestra carta fundamental sea completa y duradera, incorporar la igualdad de género es una condición indispensable.

En un contexto mundial donde las mujeres han sido las protagonistas de movilizaciones multitudinarias para expandir sus derechos, no queremos que la carta magna sea como aquellas descritas por la historiadora inglesa Linda Colley, citada en el New Yorker: un trato alcanzado entre un Estado y sus hombres que, al convertirse en letra impresa, “casi siempre han empeorado las cosas para las mujeres (…) haciendo sus desventajas más difíciles de cambiar”. Por el contrario, buscamos que garantice los derechos humanos de las mujeres y, al reconocer que la desigualdad de género es estructural, redistribuya y reorganice el poder para que nuestras demandas sean atendidas y solucionadas.

Por eso ha sido clave que durante todo este proceso sea un foco permanente el resignificar el concepto de “democracia representativa” y de la paridad, como reflejo de nuestra sociedad. Y ahora, tras el proceso electoral, el desafío será acordar un conjunto de principios, derechos y deberes que posibiliten una Constitución para la igualdad de género, en un pacto entre las actuales y futuras generaciones.
Entre los principios rectores, debe estar la igualdad sustantiva y no discriminación, para asegurar la dignidad, derechos y oportunidades de todas las personas, independiente de cualquier condición de la diversidad y mandatar al Estado en la promoción de medidas afirmativas que adecúen el entorno para su materialización en los hechos y en los resultados.

Otro avance, que nos ubicaría como país pionero en la materia, sería establecer como principio el de la corresponsabilidad social de los cuidados. Ello posibilitaría la transformación de las estructuras que lo habilitan, promover su justa distribución y organización, equipar responsabilidades que hoy recaen casi de manera exclusiva en las mujeres, y reconocer el trabajo de cuidados no remunerado como actividad productiva. A su vez, garantizar la participación paritaria en la vida política y pública, contemplando la introducción de normas de equilibrio de género en los órganos del Estado e instituciones autónomas contribuiría a que los cambios y derechos específicos reconocidos impacten realmente la vida de las mujeres.

Son cuatro elecciones importantes que ocurrirán en simultáneo. Elegir de manera informada y apoyar candidaturas que abracen genuinamente la causa de la igualdad de género, será una muestra de la voluntad de cambio.

Columna publicada el La Tercera el viernes 26 de marzo de 2021.

COLUMNA: La oportunidad que tenemos

Publicado por Daniela Sanchez M. en Noticias destacadas , Fecha 12 marzo , 2021

Por Mercedes Ducci Budge, presidenta de ComunidadMujer.

Este 8 de marzo, una fecha tan importante para comprender el camino recorrido por las mujeres, quisimos mirar al futuro, a través de todos los desafíos inmediatos que estamos enfrentando, y poner el foco en lo que podemos aportar en la nueva Constitución, un legado fundamental que dejaremos a las futuras generaciones de Chile.

Que el órgano constituyente sea una Convención Constitucional integrada por igual número de mujeres y hombres, elegida democráticamente, representa la gran oportunidad para incorporar las demandas por la igualdad en todos los ámbitos de la vida. La posibilidad de que las niñas efectivamente nazcan y puedan desarrollar sus vidas en una sociedad en que tengan los mismos derechos y oportunidades que los niños.

Este proceso inédito tiene el enorme potencial de representar las demandas e intereses de las mujeres en Chile —reconociendo su diversidad y heterogeneidad— en la elaboración de la norma con mayor jerarquía en el país.

Podemos lograr que la Carta Fundamental tenga transversalmente perspectiva de género. Que se erradiquen todas las formas de exclusión y discriminación hacia las mujeres y las niñas. Que reorganice el poder con equidad. Que considere la interseccionalidad entre el género y otras dimensiones sociales que operan como factores de desigualdad y que, al confluir, generan formas más complejas de discriminación. Que contenga los principios rectores de una sociedad dinámica, justa e igualitaria. Y que, junto con reconocer la diversidad, cree un poderoso sentido de destino en común, de pertenencia de todas y todos en un nosotros/nosotras.

Como organización nos sentimos responsables de generar propuestas y, también, de aportar al clima que permitirá una reflexión constructiva y una participación efectiva de todos los sectores. Es necesario cruzar fronteras de ideologías para contribuir a una conversación honesta y sin prejuicios que vaya reparando y fortaleciendo nuestro tejido social.

Estamos en un proceso muy importante, donde está en juego el futuro. Es imperativo que el producto de los meses de trabajo de la Convención Constitucional sea una Constitución con legitimidad, reconocida y validada por la gran mayoría de las y los chilenos en el Plebiscito de salida.
Las mujeres hemos logrado una voz decisiva en el órgano constituyente y no vamos a perder de vista lo esencial. A través de toda la diversidad de visiones que podamos tener, buscaremos que la Constitución restablezca la confianza en nuestra capacidad de avanzar como sociedad y podamos ver asomar un horizonte, tan imprescindible en el momento actual.

Queremos que este proceso constituyente se concrete en una obra colaborativa que pueda impulsar a la sociedad chilena a su próxima etapa de desarrollo, considerando a todas y todos quienes vivimos en esta tierra, los recursos naturales, el medio ambiente y las generaciones que vendrán.

Columna publicada en La Tercera el viernes 12 de marzo de 2021

 

COLUMNA: Emergencia educativa y exclusión escolar

Publicado por Daniela Sanchez M. en Noticias destacadas , Fecha 26 febrero , 2021

Por Alejandra Sepúlveda Peñaranda, directora ejecutiva de ComunidadMujer.

A días del inicio de un año escolar incierto para 3,6 millones de niños, niñas y adolescentes (NNA), y en medio de un proceso de vacunación contra el Covid-19 que nos ha devuelto la esperanza, enfrentamos una emergencia educativa de gran envergadura que demanda menos política y mayor diálogo. Hoy solo caben acuerdos amplios sobre cómo implementar una vuelta a clases presencial y/o híbrida que brinde confianza a las familias y a las y los profesionales del sistema y equipare las oportunidades para el estudiantado.

Es claro. No podemos sortear otro año sin un proceso de aprendizaje regular. La extendida interrupción de los servicios educativos presenciales y de otras actividades esenciales, aun cuando fue concebida como medida de protección a la salud, ha puesto en jaque derechos fundamentales como el de una educación inclusiva, equitativa y de calidad e incrementado el riesgo de exclusión escolar, principalmente, entre los y las jóvenes expuestos a mayor vulnerabilidad.

No solo importa que 1 de cada 20 estudiantes experimentó algún tipo de interrupción o cambio en su experiencia educativa formal en 2020 (CIAE, U. de Chile); también que, en el peor escenario, 81.099 NNA entre 6° Básico y 4°Medio podrían haberse desvinculado del sistema educativo, sumándose a los 289.115 registrados en 2019 (Mineduc). Estos indicadores encienden las alarmas. El abandono del sistema, que se funda en factores individuales, familiares, escolares y sociales, provoca bajos niveles de educación que acrecientan las dificultades de acceso al mercado laboral y el vivir situaciones de pobreza y exclusión social (Eurostat, 2020). Debemos hacernos cargo.

Los roles tradicionales de género están presentes en los factores que gatillan la exclusión escolar: trabajo infantil y adolescente remunerado, en el caso de los hombres, y la maternidad adolescente y el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en las mujeres. Casi la cuarta parte de las mujeres de 12 años y más ha sido madre adolescente (Casen, 2017) y se espera que esta cifra aumente con la pandemia, por el incremento de la violencia de género.

¿Cómo avanzamos? Primero, con una estrategia de gestión de emergencias y recuperación con perspectiva de género. Segundo, garantizando el derecho a la educación de calidad y no sexista para NNA, la detección y prevención oportuna de riesgos de exclusión con un enfoque amplio y estableciendo de una vez por todas la protección integral de los derechos de la niñez.

Fortalecer el Subsistema Nacional de Apoyos y Cuidados y poner en marcha un plan nacional de prevención y protección del embarazo adolescente también resulta clave. Por cierto, apostar por la educación para la igualdad de género y la corresponsabilidad desde la primera infancia ayudará, sin lugar a duda, a que cuando tengamos que afrontar otras crisis en el futuro, estas no golpeen tan profundamente a NNA, avanzando hacia una sociedad igualitaria y sostenible. ¡Máxima prioridad en la educación! No hay tiempo que perder.

Columna publicada en La Tercera el 26 de febrero de 2021.

OPINIÓN: El peso de la prueba en el lado equivocado

Publicado por Daniela Sanchez M. en Institucionales , Noticias , Noticias destacadas , Fecha 7 febrero , 2021

Señor director:

Lamentamos profundamente la decisión del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) de rechazar la apelación que presentó nuestra directora ejecutiva, Alejandra Sepúlveda Peñaranda, a la resolución del Servel. Éste rechazó su candidatura a la Convención Constitucional, por una supuesta afiliación a un partido político, lo que resulta incomprensible ya que ese mismo Servicio le había entregado un certificado oficial que la habilitaba para presentar su candidatura como independiente. No hay documento que pruebe su afiliación a un partido (la que supuestamente habría sido hace 32 años y de la que se ha enterado ahora) y sólo se ha entregado como prueba que se la habría incluido (nuevamente, sin informarle) en la nómina de 70.000 personas desafiliadas en 2020. La fecha, además, la ha dejado en un limbo que le impide ser candidata independiente.

El Tricel, teniendo la facultad de requerir antecedentes del Servel y del partido político en cuestión, optó inexplicablemente por no hacerlo y desechó por extemporánea la única prueba que ese partido aceptó entregar, un certificado en que consta que Alejandra no ha tenido militancia activa ni participación en actividades partidistas. Nunca ha existido con Alejandra comunicación de la cual ella hubiera podido inferir que era considerada militante de un partido. Nos parece inaceptable que la tarea -imposible- de probar la arbitrariedad de esta situación en que se ha actuado, sin su consentimiento en dos ocasiones, recaiga sobre ella y no sobre las instituciones que han trasgredido sus derechos.

Esto nos obliga a preguntarnos: ¿están funcionando correctamente las instituciones políticas? Situaciones como estas, en la que muchas ciudadanas y ciudadanos se han encontrado con la sorpresa de estar en los registros de un partido sin haber sido advertidas ni tener comunicación alguna, erosiona la credibilidad en el sistema electoral y de partidos políticos.

Necesitamos contar con instituciones modernas y transparentes, que cumplan con los estándares máximos de confiabilidad, entrega de información oportuna y en el uso de los datos que los ciudadanos y ciudadanas les confiamos cuyo resguardo debe ser garantizado por el Estado.

Directorio de Comunidad Mujer (Mercedes Ducci, Paula Escobar, Marcela Ríos, Janet Awad, Catalina Mertz, Marisol Alarcón, Susana Claro, Cecilia García-Huidobro, Alejandra Mizala, Paula Molina, Nicole Nehme, Valentina Paredes y Esperanza Cueto)

Carta al director publicada en El Mercurio el domino 07 de febrero de 2021.