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Opinión

Columna: Las grandes olvidadas

Por Alejandra Sepúlveda, Directora Ejecutiva de ComunidadMujer

Después de un año de discusión y controversia y de semanas de trascendidos, por fin el Gobierno se pronunció sobre su fórmula para extender el posnatal y de paso cumplir con una promesa realizada al calor de la campaña electoral.

A pesar de que aún no se conoce en detalle el proyecto, que será enviado al Congreso a fines de marzo, la calculadora política ya está en marcha, y mientras se vislumbra que el debate parlamentario va a girar en torno a si es discriminatorio o no que la extensión del posnatal a seis meses sea obligatoria para unas y flexible para otras; las organizaciones que abogamos porque el país se tomara el tiempo para discutir una verdadera reforma integral al sistema de protección a la maternidad, tenemos sentimientos encontrados.

Alivio, por un lado, porque el proyecto incorporaría al menos en intenciones otras aristas importantes del tema, como es la cobertura y la incorporación del padre, y no lo dejaría todo reducido a una cuestión de semanas más, semanas menos de posnatal. Por otro lado, decepción, dado que vemos que el sistema va a continuar atribuyendo a la mujer todos los costos asociados a los hijos con la consiguiente repercusión en su empleabilidad y dejando fuera a un porcentaje muy importante: a las trabajadoras asalariadas sin contrato y a quienes se desempeñan hoy en el mercado informal. Para ellas y sus hijos e hijas, nadie tiene hoy una respuesta. ¿Por qué entonces seguir extendiendo un beneficio de protección a la maternidad para quienes ya lo tienen y no incorporar mejor a las que nada reciben? Eso es lo que nos preguntamos durante todo el año de debate transcurrido, a la luz de la evidencia.

Un 14,3% de las mujeres ocupadas es asalariada sin contrato, y un 18,6% son trabajadoras por cuenta propia no profesionales (Casen y Voz de Mujer). Es decir, un tercio de las trabajadoras chilenas no recibe actualmente ningún subsidio del sistema de protección a la maternidad, y continuará sin recibirlo según el anuncio presidencial emitido por cadena nacional el lunes. Esas mujeres están fuertemente concentradas en los primeros quintiles de la distribución de ingresos. Por ejemplo, si hablamos de las trabajadoras por cuenta propia no profesionales, 65% están en los quintiles uno y dos.

Se trata de la emprendedora de subsistencia, de la señora que vende sopaipillas a la salida del metro, que brega cada día por llevar el sustento a sus familias y que no puede soñar con que el Estado compense sus ingresos mientras se queda en su casa atendiendo a su bebé durante seis meses, para asegurar la lactancia y el apego.

Es injusto el sistema, sí. Nos preguntamos cuándo si no ahora teníamos la oportunidad para abordar la realidad de estas mujeres, las más pobres entre los pobres (más vulnerables aún si le añadimos además la condición de muchas de ser jefas de hogar). Lo que está en juego para Chile con este proyecto es el aumento de la desigualdad y los legisladores deben, por tanto, tomarse el argumento en serio.

Es destacable que en el anuncio presidencial se haya abordado el tema de la cobertura, aunque la extensión atienda a aquellas mujeres que tienen contratos atípicos (por obra y faena, temporeras agrícolas, a plazo fijo), y que representan al 11,5 por ciento de las mujeres ocupadas (Casen y Voz de Mujer) que no tenían ningún beneficio de pre y posnatal. Esperamos que en la tramitación se llegue a establecer de manera concreta los mecanismos para la implementación de esta expansión de cobertura, lo cual es mucho más importante aún que la extensión de 12 semanas adicionales a las que ya tenían este subsidio. En este anuncio, en particular, radica lo mejor de la propuesta presidencial que se concretará en un proyecto de Ley que esperamos conocer pronto.

Columna publicada el miércoles 2 de marzo en la sección Opinión de La Tercera.