Columna publicada en El Mostrador, el 13 de febrero de 2012

La participación laboral femenina aumentó cerca de tres puntos porcentuales en los últimos dos años. Ese aumento -que ajusta el cambio de encuestas de 2010- debe celebrarse: implica autonomía económica para más mujeres y un aporte importante al combate a la pobreza.

Dos fenómenos, al menos, pueden citarse para explicar este desempeño. Primero, el dinamismo económico –expansión cercana a 6% en 2011– ha impulsado el empleo, no siendo las mujeres la excepción. Segundo, en las últimas décadas, la mayor escolaridad de ellas, en conjunto con cambios culturales, ha determinado un sostenido crecimiento. Acordado que la participación va a seguir aumentando, ¿qué fenómenos generan preocupación? Calidad, brecha salarial y diferencias en los patrones de desempleo.

Las mujeres son las que muestran los mayores grados de informalidad, lo cual no muestra señales de revertirse prontamente. Por el contrario, mientras en conjunto la ocupación femenina aumentó 7% (cifras promedio) respecto a 2010, el empleo por cuenta propia creció más de 13% y el servicio doméstico lo hizo 8%. Ello requiere particular atención, ya que se trata de ocupaciones des-reguladas y, en la práctica, precarias.

En relación a la brecha salarial, la Encuesta Suplementaria de Ingresos refleja que las diferencias entre hombres y mujeres son muy altas (superiores a 30%), crecen con el aumento del nivel educativo de las personas, y se detectan en todos los grupos ocupacionales, sectores y categorías laborales.

Por otra parte, las cifras de desempleo muestran una realidad preocupante. Los problemas se acentúan en el caso de las mujeres en edad fértil, cuando la tasa de desocupación femenina se vuelve cuatro puntos más alta que la masculina.

¿Qué hacer? Retirar la carga que impone sobre las mujeres el Sistema de Protección de la Maternidad. Se avanzará en esta línea solamente cuando también los hombres adquieran derechos vinculados a la paternidad. El posnatal parental muestra que pasos simbólicos, como la posibilidad de traspasar semanas al padre, no generan cambios reales (en menos del 1% de los permisos se ha solicitado traspaso). A través de un proyecto de ley se propondrá cambiar el artículo 203 del Código de Trabajo (establece pago de sala cuna en el caso de empresas con 20 o más trabajadoras); para generar progresos tangibles, el nuevo sistema debe dar derecho a los hombres.

Ratificar el Convenio 189 de la OIT y enviar un proyecto de ley al Congreso que equipare las jornadas de las trabajadoras de casa particular con las de las demás. Ellas son el 12% de las ocupadas y la extensión de sus jornadas se constituye como una traba en materia de calidad del empleo.

Continuar con la reestructura del Sence a efectos de abarcar a una proporción mayor de mujeres vulnerables. Las desocupadas, las inactivas y las trabajadoras informales de los primeros quintiles requieren acceder a programas de capacitación de calidad que efectivamente mejoren su empleabilidad.

Implementar un subsidio al empleo femenino que cuente con el mismo diseño que el subsidio al empleo joven. Si bien éste está previsto en el proyecto de Ingreso Ético Familiar, se establece solamente por dos años y con un cupo de 100 mil beneficiarias.

Columna publicada en Revista Qué Pasa, el 9 de febrero de 2012

A la hora de buscar un nuevo sistema, hay que considerar un punto clave: la viabilidad política y la legitimidad ciudadana de una reforma electoral exitosa pasan por atender al procedimiento. No basta con definir el “qué”; también hay que definir el “cómo”.

La democracia chilena vive una seria crisis de representación y necesita arreglos mayores. Desde la regulación del dinero en política y el lobby hasta el sistema electoral, pasando por el balance entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Por muchas razones, el sistema binominal es reconocido como una fuente importante del malestar: inhibe la conformación de mayorías parlamentarias, propiciando el empate permanente; disminuye la competencia, bloquea la entrada de nuevos actores, reduce la representatividad, y goza de baja legitimidad, entre otros problemas.

Aunque han existido decenas de propuestas para reformarlo, la presión ciudadana y el apoyo mayoritario de los partidos políticos por impulsar la reforma son inéditos. El 60% de la población considera necesario su reemplazo (según arrojaron los resultados de la encuesta CEP de noviembre-diciembre), el acuerdo RN-DC lo propone derechamente y tanto los ex presidentes como el presidente Piñera señalan que el binominal cumplió un ciclo.

El momento de los diagnósticos ha terminado y se requiere definir cómo se decidirá el nuevo sistema y cuál será esa alternativa.

La importancia del proceso
La experiencia de países tan diversos como Colombia, México, Italia o Nueva Zelandia muestra que la viabilidad política y la legitimidad ciudadana de una reforma electoral exitosa pasan por atender al procedimiento. Cambiar el sistema electoral impacta directamente las carreras políticas de los parlamentarios y el poder relativo de sus partidos. Los incumbentes del sistema -hoy fuertemente cuestionados- tienen un serio conflicto de interés al momento de definir las reglas que regulan su propios intereses corporativos.

Aun si gobierno y oposición logran consensuar una propuesta, no es obvio que sea la más apropiada para enfrentar los problemas del actual sistema. Por ejemplo, la Alianza y la Concertación podrían acordar un sistema que privilegie a los parlamentarios actuales en desmedro de partidos y movimientos que aspiran a representar a electores que no se identifican con las dos grandes coaliciones.

Hace una década, frente a crecientes cuestionamientos a su sistema electoral, el gobierno de Nueva Zelandia convocó a una comisión de expertos, diversa en su composición ideológica, racial, religiosa y disciplinaria. La propuesta de esa comisión fue sometida a un plebiscito, aprobada, y tras implementarse para tres elecciones, el proceso consideró una consulta para ratificar un sistema probado.

Cada país debe buscar sus propios caminos, pero no existen sistemas electorales perfectos en abstracto, sino distintas opciones que pueden ajustarse mejor o peor a las circunstancias sociales y políticas “idiosincráticas”.

En Chile, parece razonable la conformación de una comisión que represente diversas perspectivas disciplinarias e ideológicas, cuyo mandato considere todas las posturas políticas -incluyendo posibles consensos- y un mecanismo para dirimir disputas e incorporar consideraciones ciudadanas por encima de los conflictos de interés, a fin de equilibrar el conocimiento técnico con preocupaciones políticas y de legitimidad.

Las preguntas importantes
El sistema electoral define los mecanismos que permiten seleccionar a los representantes, incluyendo la fórmula de elección, tipo de lista y el distritaje. A nivel mundial, existe gran variedad de arreglos electorales, que se ordenan según las dos grandes familias de sistemas electorales, mayoritarios y proporcionales, además de los mixtos, donde se utilizan ambos (por ejemplo, la mitad de los escaños electos con un sistema mayoritario y la otra con uno proporcional). En las últimas décadas, la tendencia en reformas electorales ha sido hacia esquemas más proporcionales, con un aumento significativo de países optando por esquemas mixtos, que buscan equilibrar los efectos más positivos de los distintos arreglos electorales.