Columna: La gran elección
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*Marcela Ríos
*Daniel Hojman
Columna publicada en Revista Qué Pasa, el 9 de febrero de 2012
A la hora de buscar un nuevo sistema, hay que considerar un punto clave: la viabilidad política y la legitimidad ciudadana de una reforma electoral exitosa pasan por atender al procedimiento. No basta con definir el “qué”; también hay que definir el “cómo”.
La democracia chilena vive una seria crisis de representación y necesita arreglos mayores. Desde la regulación del dinero en política y el lobby hasta el sistema electoral, pasando por el balance entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Por muchas razones, el sistema binominal es reconocido como una fuente importante del malestar: inhibe la conformación de mayorías parlamentarias, propiciando el empate permanente; disminuye la competencia, bloquea la entrada de nuevos actores, reduce la representatividad, y goza de baja legitimidad, entre otros problemas.
Aunque han existido decenas de propuestas para reformarlo, la presión ciudadana y el apoyo mayoritario de los partidos políticos por impulsar la reforma son inéditos. El 60% de la población considera necesario su reemplazo (según arrojaron los resultados de la encuesta CEP de noviembre-diciembre), el acuerdo RN-DC lo propone derechamente y tanto los ex presidentes como el presidente Piñera señalan que el binominal cumplió un ciclo.
El momento de los diagnósticos ha terminado y se requiere definir cómo se decidirá el nuevo sistema y cuál será esa alternativa.
La importancia del proceso
La experiencia de países tan diversos como Colombia, México, Italia o Nueva Zelandia muestra que la viabilidad política y la legitimidad ciudadana de una reforma electoral exitosa pasan por atender al procedimiento. Cambiar el sistema electoral impacta directamente las carreras políticas de los parlamentarios y el poder relativo de sus partidos. Los incumbentes del sistema -hoy fuertemente cuestionados- tienen un serio conflicto de interés al momento de definir las reglas que regulan su propios intereses corporativos.
Aun si gobierno y oposición logran consensuar una propuesta, no es obvio que sea la más apropiada para enfrentar los problemas del actual sistema. Por ejemplo, la Alianza y la Concertación podrían acordar un sistema que privilegie a los parlamentarios actuales en desmedro de partidos y movimientos que aspiran a representar a electores que no se identifican con las dos grandes coaliciones.
Hace una década, frente a crecientes cuestionamientos a su sistema electoral, el gobierno de Nueva Zelandia convocó a una comisión de expertos, diversa en su composición ideológica, racial, religiosa y disciplinaria. La propuesta de esa comisión fue sometida a un plebiscito, aprobada, y tras implementarse para tres elecciones, el proceso consideró una consulta para ratificar un sistema probado.
Cada país debe buscar sus propios caminos, pero no existen sistemas electorales perfectos en abstracto, sino distintas opciones que pueden ajustarse mejor o peor a las circunstancias sociales y políticas “idiosincráticas”.
En Chile, parece razonable la conformación de una comisión que represente diversas perspectivas disciplinarias e ideológicas, cuyo mandato considere todas las posturas políticas -incluyendo posibles consensos- y un mecanismo para dirimir disputas e incorporar consideraciones ciudadanas por encima de los conflictos de interés, a fin de equilibrar el conocimiento técnico con preocupaciones políticas y de legitimidad.
Las preguntas importantes
El sistema electoral define los mecanismos que permiten seleccionar a los representantes, incluyendo la fórmula de elección, tipo de lista y el distritaje. A nivel mundial, existe gran variedad de arreglos electorales, que se ordenan según las dos grandes familias de sistemas electorales, mayoritarios y proporcionales, además de los mixtos, donde se utilizan ambos (por ejemplo, la mitad de los escaños electos con un sistema mayoritario y la otra con uno proporcional). En las últimas décadas, la tendencia en reformas electorales ha sido hacia esquemas más proporcionales, con un aumento significativo de países optando por esquemas mixtos, que buscan equilibrar los efectos más positivos de los distintos arreglos electorales.
