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Opinión

Columna: Ley de cuotas electorales ¿regalar el cargo o igualar la cancha?

Fuente: BID
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Costó años pero finalmente ocurrió. El pasado 27 de abril la Presidenta Michelle Bachelet promulgó una de las más esperadas reformas políticas de la democracia chilena, poniendo fin al sistema electoral heredado de la dictadura de Pinochet e introduciendo el mecanismo de cuotas de género.

La discusión fue ardua y acalorada. Cambiar este sistema suponía alterar el mapa político de fuerzas, donde muy pocos partidos gozaban de una hegemonía blindada por pactos de conveniencia y la fórmula ficticia del binomial. Hasta ahora cada bloque presentaba dos candidatos por distrito, pero finalmente era elegido el aspirante de la lista más votada por conglomerado, lo que provocaba que no necesariamente llegaran al Congreso los favoritos de la ciudadanía. Tampoco los partidos más chicos o con proyectos alternativos. Y aún menos las mujeres.

En un escenario de arreglos, fórmulas ad hoc, padrinajes y parlamentarios en permanente reelección, las mujeres tenían muy pocas posibilidades de ser, simplemente, nominadas candidatas por las cúpulas de los partidos. De hecho, desde el retorno a la democracia en Chile en 1990, aquellas que lograron competir en representación de sus partidos nunca superaron la barrera del 20% en la nominación, aun cuando como candidatas demostraran una alta elegibilidad. Así llegamos a la última elección de 2013, donde el promedio de parlamentarias alcanzó el 15,8% (6 senadoras y 19 diputadas).

Con el cambio a un sistema proporcional inclusivo aumentan las opciones para un abanico más diverso. Habrá más escaños en disputa (aumentan de 120 a 155 en la Cámara Baja y de 38 a 50 en el Senado) y por tanto también el número de candidatos y candidatas por distrito. Porque la inclusión del mecanismo de cuotas de género obligatorias asegura una proporción no menor al 40% y no mayor del 60% de candidaturas nacionales de un mismo sexo en las próximas cuatro elecciones parlamentarias, partiendo el 2017.

Las cuotas de género, un acelerador temporal

Chile abordó así los factores político-institucionales que, según la evidencia internacional, pueden mitigar las barreras para el ingreso de mujeres a los espacios de decisión: el sistema electoral, el comportamiento de los partidos políticos y la existencia de medidas de acción positiva –o correctiva-.

Las cuotas, en particular, constituyen un acelerador temporal de la participación de grupos excluidos y discriminados como son las mujeres. Ello no significa que se les regale el cargo, simplemente se iguala la cancha para que puedan competir por el voto popular. Los países que han registrado un aumento claro en la representación de mujeres en cargos de elección lo han hecho mayoritariamente aplicando cuotas obligatorias en sus legislaciones internas. Es el caso de 14 naciones de América Latina, siendo Costa Rica (33,3%), Argentina (36,6%), México (37,4%) y Ecuador (41,6%) casos emblemáticos.

¿Por qué ahora? En primer lugar, la reforma fue parte sustantiva del programa de gobierno de Bachelet, quien ganó las elecciones de 2013 con una holgada mayoría de representación parlamentaria. Y en segundo lugar, ella y su equipo tuvieron el acierto de amarrar en un mismo proyecto la reforma electoral y las cuotas de género, acogiendo una demanda histórica del movimiento de mujeres.

Frente a la complejidad de la discusión por el aumento de escaños y el nuevo reparto de poder territorial, aprobar cuotas de género parecería lo menos complejo, un debate de segundo orden. Pero finalmente no fue así. La ley de cuotas se ha convertido en un hito de la reforma política, gracias a la incidencia ejercida por las organizaciones de mujeres. Y no solo eso, sino que además ha allanado el camino para otras discusiones relevantes como la aplicación de este tipo de medidas a los directorios de empresas públicas y privadas. Un debate que recién comienza.